El diputado libertario
José Alberto Alfaro presentó una acción de inconstitucionalidad contra el
acuerdo 2016-132MSP, del Ministerio de Seguridad Pública, que prohíbe el uso de
armas de fuego en la prestación de servicios de seguridad privada.
El libertario insiste
en que el Ministro se extralimitó en sus potestades y ha puesto en riesgo la
vida de los agentes de seguridad y de quienes les contratan.
El legislador, quien
es vicepresidente del Congreso, explicó que el objetivo de la petición es
garantizar la protección del derecho a la vida de los ciudadanos que
actualmente prestan o llegarán a prestar servicios de seguridad privada y
evidenciar las flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades de la administración
en la toma de decisiones relacionadas al crimen y la delincuencia, aspectos que
atañen a toda la colectividad.
“Considero que el
acuerdo es violatorio del principio de reserva de ley por restringir aspectos
contemplados en la Ley de Armas y Explosivos N° 7530, arrogándose el señor
Ministro potestades que son constitucionalmente otorgadas al Poder
Legislativo”, Alfaro.
El diputado dijo que
no se puede desconocer que estos trabajadores arriesgan su integridad física,
convirtiéndose en muchos casos en víctimas que podrían, por la naturaleza de su
labor, resultar gravemente heridos, incapacitados permanentemente e incluso
podrían perder la vida.
“Este riesgo se
incrementa si se les deja en total indefensión al eliminar las armas de fuego
como herramientas necesarias para prestar el servicio que ofrecen”, afirmó.
El diputado José
Alberto Alfaro insiste en que se está desprotegiendo a los trabajadores de la
seguridad privada.
El citado Acuerdo se
publicó en el periódico oficial La Gaceta el viernes 2 de setiembre 2016,
dejando prácticamente desprotegida a la ciudadanía en bancos, condominios, instituciones públicas,
etc.
Alfaro insiste en que
es un contrasentido argumentar que con la publicación de este acuerdo se estará
atacando la delincuencia y el crimen organizado; y que no es viable que tanto
empresarios como instituciones públicas y hasta residenciales se queden sin
protección en el tanto un criminólogo o profesional afín determina si un puesto
específico amerita o no la asignación de un oficial armado, tal y como lo
establece el acuerdo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario